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Cerca de 80 mil kilos de algas pardas procedentes de extracción ilegal ha incautado Sernapesca

en la región de Antofagasta en lo que va del año

El recurso está en veda y se permite solo la recolección de los ejemplares varados.

Principales infracciones se producen por recolectores no inscritos y el uso de “barreteo”, técnica prohibida que arranca con chuzo el alga desde su base.

Hasta el sector de El Lagarto, al norte de Antofagasta, se trasladaron fiscalizadores del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura para inspeccionar las plantas picadoras de algas del lugar y la actividad que desempeña una decena de recolectores dedicados a la extracción del huiro negro, especie que se encuentra en veda desde 2013 y sobre la cual se permite solo la recolección del recurso varado naturalmente o por efecto de las marejadas.

Carlos Herrera, director regional de Sernapesca Región de Antofagasta, explicó que a la fecha en la región el Servicio ha incautado cerca de 80 mil kilos de algas extraídas ilegalmente, mediante operativos individuales y en conjunto con otras instituciones como la Armada, Carabineros y la PDI.

El aumento del precio de comercialización a China y Japón – 350 a 400 pesos por kilo de alga- y la inestabilidad laboral en la zona, ha generado un aumento en la actividad que amenaza la sustentabilidad de un recurso tradicional del que dependen cerca de mil familias, con 972 recolectores inscritos en la región de Antofagasta.

La autoridad regional de pesca junto al jefe regional de Pesquería, Waldo Salas, encabezaron esta inspección en terreno que busca controlar el acceso de personas sin registro pesquero artesanal –obligatorio para realizar esta actividad- o que usan el “barreteo”, técnica prohibida en la región, donde el extractor ayudado con un chuzo arranca el alga viva de su base, provocando un daño al ecosistema al afectar a otros recursos pesqueros como erizos, lapas, camarones y larvas de peces que se crían en su ramaje.

Junto con estas fiscalizaciones, Sernapesca controla además el cumplimiento de la medida regional que entró en vigencia en julio pasado y que limita a 5 toneladas por recolector la extracción mensual de algas. Esta medida busca  frenar malas prácticas como el “blanqueo” de cargas ilegales que utilizaban claves de recolectores inscritos para comercializar, y permite además resguardar la continuidad de una actividad de alto impacto socioeconómico en la región donde en 2016 fueron extraídas y comercializadas 80 mil toneladas de algas, 20% más que en 2015.

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